miércoles, 30 de marzo de 2011

'Prueba reina' de trampas en rebaja de penas a parapolíticos


Expediente de Ciro Ramírez muestra que le certificaron trabajo incluso cuando estaba en el médico.
El caso del ex senador Ciro Ramírez, que acaba de ser condenado a siete años y medio de cárcel por nexos con las Auc, va camino de convertirse en el mayor escándalo por las rebajas de penas obtenidas por los llamados 'parapolíticos', gracias a las certificaciones de trabajo y estudio avaladas por el Inpec.

Por orden de la Corte Suprema, que le negó a Ramírez la libertad condicional, se inició una revisión sobre las horas que, según el ex congresista, estuvo trabajando en la conocida granja de los 'parapolíticos' y realizando estudios sobre temas agropecuarios.

Por esa misma vía, varios de los inquilinos del pabellón ERE Sur de La Picota lograron salir de prisión en un promedio de tres años, a pesar de tener penas de más del doble. La actual administración del Inpec, en cabeza del general Gustavo Adolfo Ricaurte, ya está haciendo un barrido de todos los expedientes.

ELTIEMPO.COM conoció el resultado de esas investigaciones, que ya están en manos de la Fiscalía y la Procuraduría y que revelan no solo inconsistencias, sino la cantidad de permisos excepcionales concedidos al ex presidente del Partido Conservador.

Entre el 2009 y el 2010, Ramírez salió de su sitio de reclusión en más de 30 oportunidades, a veces hasta por tres días. Otras 13 salidas tuvieron que ver con su proceso, tanto en juzgados de Bogotá como en la Corte Suprema de Justicia.

Al comparar los días de permiso concedidos en los últimos dos años con la minuta diaria de las horas trabajadas por cada uno de los 44 presos en el pabellón de 'parapolíticos', los peritos detectaron que hasta los días que estuvo incapacitado o en juicio le figuran como si hubiera trabajado por 8 horas completas en la granja.

La mayoría de los permisos los firmó el Juez Primero Penal del circuito especializado de Bogotá, el mismo que absolvió a Ramírez en un caso por narcotráfico con las mismas pruebas que llevaron a su condena en la Corte Suprema.

Entre el 4 y el 8 de enero del 2010, el juez le dio a Ramírez cinco días de permiso para que fuera sometido a un "procedimiento quirúrgico por lesiones premalignas en la cara". La autorización señala que cumpliría su incapacidad en casa. Inexplicablemente, el ex senador entregó a la Corte certificaciones de trabajo, por 8 horas diarias, correspondientes a los días 4, 5 y 6 de enero.

Como otros de sus compañeros de prisión, Ciro Ramírez logró permisos para salir de la cárcel a citas odontológicas. Esa fue la excusa para que lo trasladaran de La Picota hacia el norte de Bogotá durante 15 días, entre el 2009 y el 2010. Pero en cada uno de los días que salió a velar por su dentadura, la Dirección de La Picota le certificó entre 8 y 6 horas de trabajo en la granja.

Las autoridades no entienden cómo pudo trabajar todo el día, si normalmente para las remisiones, ya sean médicas o judiciales, los internos salen por la mañana y regresan en la tarde. La guardia debe hacer un recorrido de horas, tanto para llevarlos como para recogerlos.

En mayo del 2010, el juez le dio tres días de permiso para ir al grado de su hijo y a acompañar a su padre enfermo. Aunque no estuvo tres días de ese mayo en la cárcel, en su certificación de trabajo aparece que trabajó todos los días del mes y todas las horas permitidas: le acreditaron 248 horas (8 horas por 31 días).

Otro permiso de 72 horas por las mismas razones -grado de un hijo y quebrantos de salud del padre- le figura en septiembre del 2010. También se cruzó con horas de supuesto trabajo.

Las autoridades tampoco entienden cómo hizo Ramírez para trabajar en la granja al tiempo que estaba atendiendo sus audiencias en la Corte. Hay certificaciones de que laboró incluso las 8 horas completas durante los días de su juicio. Hallazgo que ya había detectado la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, tanto el ex congresista como los funcionarios de La Picota que firmaron los certificados serán llamados a dar explicaciones. Por lo pronto, el Inpec revisa otros casos que, como el de Ramírez, serán enviados a las autoridades penales y disciplinarias.

Son tantas las inconsistencias que el Minjusticia y la actual administración del Inpec incluyeron en la reforma del régimen penitenciario una advertencia expresa: los beneficios especiales para funcionarios públicos presos no existirán más.

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